Según informa Quino Petit en El País, el juicio entre Meta, gigante tecnológico propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp, y 87 medios españoles agrupados en la Asociación de Medios de Información (AMI) se celebrará el 1 y 2 de octubre del próximo año. La demanda, presentada en diciembre de 2023, reclama 551 millones de euros por el uso indebido de datos personales para publicidad digital entre mayo de 2018 y julio de 2023.

Contexto del caso

Los demandantes argumentan que Meta ha violado la normativa europea al utilizar datos personales sin consentimiento válido, obteniendo así una ventaja competitiva desleal frente a los medios tradicionales. La empresa, por su parte, califica la demanda como un intento de compensar la incapacidad de estos medios para adaptarse al mercado digital.

Durante la audiencia previa, celebrada en el Juzgado Mercantil nº 15 de Madrid, el juez Teodoro Ladrón Roda reflexionó sobre el impacto de las redes sociales y la necesidad de gestionar la información de los usuarios con rigor. También aceptó como prueba las políticas de cookies presentadas por los demandantes, clave para determinar si Meta obtuvo una ventaja competitiva injusta.

Puntos clave del caso

• Políticas de cookies y privacidad: los demandantes sostienen que Meta utiliza las cookies para rastrear usuarios y personalizar publicidad sin el consentimiento adecuado. Por su parte, Meta argumenta que aceptar cookies no equivale a aceptar recibir anuncios personalizados.
• Impacto en los medios de comunicación: según el juez, la crisis del periodismo escrito agrava la situación, ya que los medios enfrentan dificultades económicas mientras compiten con gigantes tecnológicos.
• Demanda colectiva: además de esta causa, Meta enfrenta otra demanda similar presentada por televisiones y radios agrupadas en UTECA y AERC Radio Value, que reclaman más de 160 millones de euros.

Tecnología segura para un mundo digital complejo

El caso judicial contra Meta pone en evidencia los riesgos del uso inapropiado de datos personales, especialmente en un entorno digital donde la privacidad está cada vez más comprometida. Los menores, como usuarios especialmente vulnerables, pueden estar expuestos a la recopilación masiva de sus datos a través de aplicaciones y redes sociales, lo que plantea serias preocupaciones sobre su protección.

En respuesta a estos desafíos, el reloj inteligente con GPS y llamadas se posiciona como una solución segura para familias que buscan mantener la conexión con los niños sin poner en riesgo su privacidad. A diferencia de los teléfonos móviles y otras plataformas conectadas, este dispositivo está diseñado para evitar la exposición de datos personales a terceros, proporcionando a los padres una tranquilidad adicional en un mundo digital complejo.

En un momento donde la explotación de datos personales genera tensiones legales y sociales, herramientas tecnológicas responsables como esta demuestran que es posible mantener la conexión y el control sin comprometer la seguridad de los menores.

Próximos pasos en el proceso judicial

El juicio se celebrará los días 1 y 2 de octubre de 2025, fechas en las que se realizarán los interrogatorios a testigos, declaraciones de peritos y presentación de conclusiones. Durante este periodo, las partes podrían explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial. No obstante, si no se logra una solución consensuada, la decisión final quedará en manos del juez tras las sesiones programadas.

Conclusión: el precio de la hiperconexión

Este juicio no solo resalta las tensiones económicas y legales entre los medios tradicionales y los gigantes tecnológicos, sino que también pone en evidencia el precio que pagamos como sociedad por la hiperconexión. Las redes sociales, que inicialmente prometieron conectar a las personas y democratizar la información, han evolucionado hasta convertirse en herramientas capaces de explotar los datos personales con fines comerciales, muchas veces de manera opaca.

Además de impactar a sectores como el periodismo, su influencia va más allá: moldean opiniones, comportamientos y relaciones humanas, a menudo priorizando el beneficio económico por encima del bienestar social. Este caso debería servir para reflexionar sobre el modelo de internet que queremos para el futuro, uno donde la protección de los datos y el respeto por las personas prevalezcan.